Castilla y León es otra de las comunidades que están tomando cartas en el asunto y ha dado a conocer su intención de regular los juegos de azar por internet. Su intención es elaborar un decreto en 2009 que regule el juego privado.

En principio parece que para su redacción va a contar con empresas relacionadas con el juego físico tradicional como bingos, casinos o máquinas tragaperras. Y aquí viene el problema, otra vez, problema que se han saltado otras comunidades. A la hora de redactar este decreto regulador no se está teniendo en cuenta ni pidiendo opinión a ningún operador online (apuestas, casinos …) ni a ninguna compañía relacionada con internet, cosa incomprensible cuando la mayor parte del juego que se va a regular va a ser online y no físico.

Esto nos llevará a un problema con difícil solución y que hace referencia a las dificultades que se va a encontrar cada Comunidad Autónoma que regula para decidir hasta donde llega su competencia, pues deberá controlar que cumplan sus normas únicamente aquellas personas que estén físicamente en dicha Comunidad.

Por supuesto, si esta regulación no la va a hacer el Estado, como todo parece indicar y si las Comunidades Autónomas toman cada una sus decisiones, que pueden no ser del todo coherentes, es difícil que esta regulación acabe siendo útil. Lo lógico sería que debido a que el ámbito de aplicación de internet es algo más extenso y complejo que las comunidades en sí, esta regulación la creara o al menos la “guiara” el propio Estado.

Y por supuesto, algo que esperan todas las empresas asociadas al juego, tanto online como offline, es una reducción de los impuestos que les vayan a gravar, pues los impuestos que abonan hoy en día los casinos, bingos y demás son desorbitados.